No solo fueron marchas espontáneas, sino masivas y folklóricas, acompañadas por muchos ciudadanos, principalmente jóvenes y de sectores populares, convocados por las redes sociales, con el eslogan Sal de las redes. El imaginario panameño rápidamente recordó nuestra lucha por alcanzar la soberanía en la zona del Canal.
Por Héctor Alemán, agencia nodal*
La pandemia debió enseñarnos que dos años encerrados, con una economía lesionada, producirían un malestar insospechado en la población. Un liderazgo que no es capaz de prever escenarios futuros jamás será un conductor confiable.
A poco más de un año del llamado a paro de las y los docentes de las escuelas públicas de la República de Panamá, el 1 de julio del año pasado se sumaron a la protesta con marchas, cierre de las principales vías, distintas organizaciones del país agrupadas en tres alianzas fundamentales: la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (ANADEPO), que representa a 22 organizaciones en la provincia de Veraguas; la Alianza Pueblo Unido por la Vida, organización que congrega agrupaciones de todo el país y la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas, integrada por siete pueblos originarios. Todas incorporan a gremios de educadores, de salud, obreros, productores agrícolas, organizaciones populares, transportistas, estudiantes y ciudadanos de todo el país.
Al inicio, las reclamaciones fueron diversas, pero las tres coincidieron en la rebaja del combustible a la mitad de su precio en ese momento; el abastecimiento y la rebaja del precio de las medicinas, y la disminución del precio de la canasta de alimentos.
Después de un mes de impresionantes protestas, se creó una mesa del diálogo que incorporó a todos los grupos organizados y al gobierno, pero con mediación de la Iglesia católica, acordando la solución de estos tres puntos de coincidencia y la aprobación en el presupuesto del Estado del 6%, para la educación del país en el año 2024, entre otros acuerdos, lo que permitió el levantamiento de los cierres y la suspensión de las movilizaciones, pero se mantuvieron las mesas del diálogo, que luego fueron abandonadas.
Una es experiencia, dos ceguera
La insistencia del gobierno panameño de aprobar el contrato con Minera Panamá, filial de la empresa First Quantum, entre otras motivaciones, buscaba lograr ingresos que balancearan el presupuesto del Estado.
El primer contrato fue activado en 1997 y, en el 2008, el Centro de Incidencia Ambiental demandó su inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, que se pronunció a favor de la misma, el 21 de diciembre de 2017, pero el fallo fue congelado y se publicó en la Gaceta Oficial No. 29439 del 22 de diciembre de 2021.
El gobierno nunca hizo cumplir el fallo y en 2022 empezó a negociar un nuevo contrato, sin informar cuáles eran las demandas del Estado y sin cumplir el trámite de una licitación internacional. Por el contrario, lo sometió a una consulta no vinculante que grupos de ambientalistas consideraban una burla y permitió a la minera la explotación de cobre y otros minerales por cuatro años consecutivos desde 2019.
El Órgano Ejecutivo presentó el contrato a la Asamblea Nacional y la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos abrió el primer debate en el participaron alrededor de 200 voceros de distintas organizaciones de ciudadanos, rechazando la minería a cielo abierto. La Comisión devolvió el contrato al Ejecutivo para su modificación, cometiendo un acto ilegal, pues sólo tiene facultad de aprobar o rechazar un contrato ley. El Ejecutivo lo modificó, lo sometió a la Contraloría General de la República que lo refrendó, y posteriormente se aprobó en tres debates en solo tres días en la Asamblea y luego el presidente lo sancionó.
Fue esta acción la que enardeció a los sectores opuestos al contrato, unido a las demandas no resueltas y que se fueron acumulando, las que provocaron el estallido en julio del 2022 y que ahora de manera espontánea aflora nuevamente: un contrato con una empresa filial de la empresa canadiense First Quantum, donde Estados como Canadá, China, Corea y los Estados Unidos son accionistas, aspecto que prohíbe la Constitución de Panamá.
Por otro lado, la minera está enclavada en una región que afecta el corredor mesoamericano, así como algunas de nuestras principales fuentes de agua; se viola la soberanía del país, entre otros aspectos, porque cede derechos del Estado Panameño a la minera. Esa y muchas otras razones hacían inviable el contrato ante la voluntad del pueblo panameño.
Tal fue la indignación de las organizaciones populares, de la sociedad civil, que al día siguiente de su sanción por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, iniciaron marchas a la Asamblea, a la presidencia, en las principales avenidas de la ciudad capital, cabeceras de provincias y en las comarcas.
No solo fueron marchas espontáneas, sino masivas y folklóricas, acompañadas por muchos ciudadanos, principalmente jóvenes y de sectores populares, convocados por las redes sociales, con el eslogan Sal de las redes. El imaginario panameño rápidamente recordó nuestra lucha por alcanzar la soberanía en la zona del Canal.
La crisis y su salida
La toma de las principales avenidas del país ha sido lo característico de las movilizaciones y el silencio ausente de un gobierno que perdió capacidad de intermediación y diálogo, esperando el agotamiento del movimiento. Los manifestantes han identificado como culpables al partido gobernante (PRD) que controla el Ejecutivo y el Legislativo, fuentes directas de la aprobación del contrato cuestionado, que sin duda se saldará negativamente en las elecciones venideras.
Por la presión de las protestas, en los primeros días de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó una moratoria indefinida para las concesiones mineras en el Legislativo mediante el proyecto de ley 1110, prohibiendo el otorgamiento de concesiones mineras y reconociendo la demanda del pueblo: ¡Panamá rechaza la minería a cielo abierto y su oro es verde!
A tres semanas de las protestas, ya se ha afectado el abastecimiento de alimentos en la capital y el país, la movilidad de los ciudadanos, la asistencia a citas médicas, entre otros. Se calcula según la Cámara de Comercio, que diariamente se pierden aproximadamente 100 millones de dólares por estos cierres. Este agotamiento comienza a afectar de forma directa a la población, provocando enfrentamientos entre afectados y manifestantes y la muerte de tres educadores.
El país espera el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas; el trámite cuenta con la opinión favorable a la inconstitucionalidad de los Procuradores de la Nación y de la Administración.
El Sindicato Único de Trabajadores y de la Construcción (SUNTRACS), junto a organizaciones de educadores y otras que mantienen paralizado el país, presentaron en marcha a la presidencia, este jueves 9 de noviembre, un proyecto que deroga el contrato Ley que renovó la actividad minera, como alternativa para superar la crisis. Están planteadas estas dos opciones que podrían marcar el final de esta coyuntura.
Recuperar las condiciones para el fortalecimiento de nuestra democracia, demandará de importantes cambios que el gobierno deberá acometer. Superada esta crisis, entre otras, sugerimos la recomposición del gobierno fortaleciendo una transición pacífica, que permita generar las mejores condiciones para que fluya el proceso electoral.
Estamos convencidos de que la ruptura de la institucionalidad democrática no es una opción. No obstante, es responsabilidad del gobierno propiciar las garantías plenas para el ejercicio pacífico y democrático.
*Centro de Estudio de Políticas Progresistas de Panamá
