El gobernador Rodolfo Suárez radical anunció que no reglamentará los cambios
a la ley 7222, pero defendió el proyecto de megaminería que permite el uso de
sustancias toxicas.
Tras las masivas protestas en contra de la reforma que
habilitó el uso de sustancias tóxicas, el gobernador radical informó que los
cambios por ahora no entrarán en vigencia. “Aparentemente no tendría la
legitimidad del pueblo", dijo. Igualmente, Suárez defendió
su proyecto y sostuvo que “es mentira que donde hay una explotación minera hay
contaminación".
El rechazo popular en las calles contra los cambios a ley
7.722 tuvo sus frutos. Finalmente, el gobernador Rodolfo Suárez anunció que no
reglamentará la reforma que permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico para
la explotación minera. La norma está ya sancionada, publicada y promulgada,
pero restaba su reglamentación, proceso legal que ahora quedará en suspenso
hasta que se abra el espacio de diálogo anunciado por el gobernador radical. El
siguiente paso sería la convocatoria a una consulta vinculante.
Suárez alegó que su decisión intenta llevar "paz
social" ante supuestos "hechos de violencia en la provincia".
Ayer la Corenave, que nuclea a reinas de la Vendimia, amenazó con suspender
todos los festejos si no se cambiaba la ley. En tanto que los ambientalistas
convocaron en los últimos días masivas movilizaciones para repudiar el
proyecto.
"No va a estar vigente esta ley hasta que no se
reglamente y vamos a hacer una gran convocatoria al diálogo y a la información
de la gente", anunció ahora el gobernador en una conferencia de
prensa.
Los ambientalistas creen que la decisión puede leerse como
"una señal de debilidad" de la administración provincial y que la
apuesta de Suárez será "convencer a la gente" en este nuevo espacio
de diálogo. "Si no resulta lo que está buscando, llamará una consulta
vinculante", resaltaron.
Suárez, por su parte, se quejó de que "no se está
entendiendo" a lo que apunta la iniciativa y que se está intentando
"asustar" a la población con desinformación. "La prioridad es
garantizar la paz social. No voy a hacer nada en contra del pueblo mendocino.
Vamos a convocar al arzobispado, a los sindicatos, a los partidos políticos, a
las universidades, a las distintas organizaciones. No vamos a hacer nada sin
consenso social", agregó.
Sin embargo, al mismo tiempo respaldó el accionar violento
de las fuerzas de seguridad en las últimas marchas y negó cualquier tipo de
represión. "Este debate oculto, dogmático, sin fundamentos y en base al
miedo no nos está haciendo bien. No queremos que los violentos gane este
debate", apuntó nuevamente contra los ambientalistas.
Además, defendió la legalidad de la iniciativa, a pesar del
descontento popular que despertó. Resaltó que la propuesta "se planteó en
campaña y se votó en una Legislatura por amplia mayoría". Pero por primera
vez dio el brazo a torcer y reconoció que "aparentemente no tendría la
legitimidad del pueblo". "Es mentira que donde hay una explotación
minera hay contaminación", se defendió por último.
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