El reclamo lo hizo el obispo Oscar Ojea, presidente de la Confederación Episcopal Argentina. Es por cinco mil toneladas de alimentos guardados en depósitos de Desarrollo Social desde diciembre. El gobierno dice que son para casos de emergencias, pero el obispo replicó que el país está en "emergencia" alimentaria. La embestida contra las organizaciones, la escalada del hambre y una movilización en puerta.
"Dios quiera que se abran rápidamente esos depósitos".
El presidente del Episcopado, el obispo Oscar Ojea, le exigió al gobierno que reparta a los comedores comunitarios los alimentos que mantiene retenidos. “Nos hemos enterado sobre la existencia de dos depósitos en el Ministerio de Desarrollo Social que tienen cinco mil toneladas de alimentos guardados”, dijo en un video difundido por las redes sociales. "No entro en las razones por las que están guardados, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión”. Ojea insistió en que el gobierno debe distribuirlos y agregó que tiene que hacerlo “rápidamente”.
El mensaje de la iglesia fue difundido después de que Milei dijera, el viernes, que no es cierto que a la mayoría de los argentinos los ingresos no les alcanzan. “Si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto”, contestó el presidente a un movilero que le preguntaba, justamente, por qué el gobierno no reparte esos alimentos.
¿Fue lo de Ojea una réplica a Milei? Eso está abierto a interpretaciones. Lo que es claro es que el obispo le respondiò a uno de sus funcionarios, Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Adolescencia y segundo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el área de asistencia social. De la Torre sostuvo este fin de semana que los alimentos que permanecen sin distribuir desde diciembre están guardados “para situaciones de emergencia”.
El obispo usó esa misma palabra en su mensaje: dijo que el país está en emergencia alimentaria.
Las explicaciones
El ministerio de Capital Humano que conduce Pettovello fue puesto al descubierto la semana pasada, cuando debió admitir que nunca distribuyó miles de kilos de leche en polvo, harina, aceite, yerba, puré de tomate y otros alimentos comprados por la gestión anterior, que mantiene en dos galpones, uno en Caba y el segundo en Tucumán. El señalamiento a Pettovello no es sólo que no los haya repartido en momentos en que la población pasa una de las peores crisis alimentarias, parangonable a la del 2001 o a las hiperinflaciones que terminaron anticipadamente con el mandato de Raúl Alfonsín, sino además que esos alimentos tienen fecha de vencimiento.
Desde que el tema se conoció, el gobierno libertario se vio obligado a dar explicaciones. Su discurso fue cambiando. Inicialmente el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo: “por supuesto que los alimentos se van a repartir, es una obviedad, van a llegar a la gente que le tiene que llegar”. Luego Milei aseguró que los alimentos “sí se están repartiendo, pero hay gente que curra”. Finalmente, De la Torre sostuvo que son alimentos para “situaciones de catástrofe”. Se supone que sus declaraciones expresan la posición de la ministra.
¿A qué alude la afirmación de la iglesia sobre que el país está en emergencia alimentaria? Hace apenas una semana el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, Agustín Salvia, confirmó que los informes preliminares del observatorio muestran que la indigencia se agravó abruptamente y ya afecta al 18% de la población, el doble de lo registrado hace apenas un año.
Ese 18% está muy por encima de la media, que tiende a estar por debajo del 10%. Otro modo de medir la dimensión de lo que está ocurriendo es compararlo con lo sucedido durante los gobiernos de Macri y Cristina, “cuando estaba debajo del 6%”, recordó el investigador.
Salvia también dijo que hubo un pico de la crisis en febrero y que luego hubo una recomposición de los ingresos. Con todo, cualquiera que salga a la calle puede constatar que desde enero, cada vez se ven más personas buscando comida en la basura.
La línea de indigencia de la que habló Salvia se calcula según el costo de una canasta alimentaria imprescindible (este es el término que utiliza el Indec). En abril, esa canasta compuesta solo por alimentos tuvo un costo de 121 mil pesos por adulto. Una familia de dos adultos y dos niños necesitó ingresos por 373 mil pesos para poder comer.
Sensibilidad
En su mensaje, Ojea señaló que a la iglesia le preocupa “que se vaya perdiendo sensibilidad frente a un derecho que es primario como es el derecho al alimento”.
El obispo habló de la “sensibilidad” frente a la falta de comida y planteó que se trata de un valor primordial.
“Hay una vieja tradición cristiana asumida por mi abuela materna; ella me decía que cuando tirara un poquito de pan besara el pan y pensara en ese pan que yo pude comer y que no iba a comer, porque había otro que realmente lo necesitaba”.
“Dios quiera que rápidamente se abran esos depósitos para que los hermanos con tantísimas necesidades puedan disfrutar su alimento diario”, insistió.
La disputa de fondo
La decisión de no entregar alimentos a los comedores y merenderos es consecuencia de una estrategia política adoptada por el gobierno libertario, la de “empobrecer” y debilitar a los movimientos sociales, a los que ve como una amenaza.
Esta política fue blanqueada por el asesor presidencial (y futuro ministro) Federico Sturzenegger, quien postula que en la Argentina, un gobierno liberal debe “empobrecer a los grupos de interés”, si quiere “cambiar el statu quo”.
Por esta idea, la postura del ministerio de Capital Humano, intransigente ante todos los reclamos de que mande alimentos a las organizaciones sociales, se vuelve comprensible.
Pettovello firmó convenios de asistencia alimentaria con Aciera, el sector más conservador de la iglesia evangelista, y los renovó con Cáritas en la iglesia católica. Pero aún recostándose en las iglesias, los datos de ejecución del presupuesto muestran que redujo en un 45 por ciento el gasto destinado a los comedores.
Como reacción a este brutal recorte, los movimientos vienen haciendo protestas callejeras. Llevan más de cuatro meses con marchas y jornadas de lucha semanales, pero no han conseguido que se inicie una instancia de negociación. Por el contrario, la respuesta a sus movilizaciones ha sido la represión (en uno de esos operativos un manifestante perdió la visión en un ojo, por un balazo de goma) y una tremenda campaña de deslegitimación, que incluye dos denuncias en los tribunales federales. El señalamiento es que los dirigentes sociales extorsionan a los beneficiarios de las políticas de asistencia. Más allá del tema de si las denuncias están fundadas o constituyen una operación mediática, en los hechos en base a casos puntuales de abusos, el ministerio justifica el quite de la asistencia al conjunto.
Cómo sigue el conflicto
Además de la Conferencia Episcopal, este domingo habló del tema de los comedores Juan Grabois, el dirigente social con más llegada al Papa Francisco. Grabois inició, junto con el Cels, una demanda judicial para que el gobierno restablezca el envío de alimentos a los comedores.
Ayer respondió el argumento gubernamental que sostiene que la mitad de los comedores no existen. El planteo es sostenido por la ministra Petovello en base a una auditoría.
“Es falso que auditaron los comedores que reciben alimentos del Estado: auditaron comedores que se inscribieron durante la pandemia”, planteó Grabois. “En el expediente de la denuncia que hicimos, tuvieron que reconocer que solo el 17% de los comedores relevados recibían asistencia nacional. Es decir, relevaron cualquier cosa”, aseguró.
Agregó que de los supuestos comedores fantasma, los movimientos encontraron “decenas de casos” en los que el ministerio “mintió impune y groseramente porque sus propios relevadores registraban que el comedor existía, pero no recibía alimentos desde enero. Por ende, obviamente, no podía funcionar”.
Grabois también salió al cruce del argumento de que los alimentos “están guardados para catástrofes”: “¿Acaso el temporal de Bahía Blanca del 16 de diciembre no fue catástrofe suficientemente para entregar los alimentos?”, se preguntó. “¿O el temporal de Corrientes en marzo de este año? ¿El que hubo en Buenos Aires ese mismo mes?”. Para el dirigente, sólo hay una explicación y es que “el gobierno nos está tomando el pelo”.
La discusión pública sobre la asistencia alimentaria tendrá un nuevo capítulo en la calle, los próximos días, ya que las organizaciones sociales evalúan la posibilidad de que el depósito de alimentos en Caba sea el escenario de su próxima movilización.
