GOLPE DE ESTADO, GOBIERNO DE FACTO, TORTURAS, DESAPARICIONES FORZADAS Y ABUSOS SEXUALES GRAVES

El informe de la Delegación Argentina sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia

El relevamiento realizado por los dirigentes sociales argentinos consigna que las masacres de Sacaba y de Senkata fueron los casos más graves de violación a los derechos humanos cometidos por el gobierno de facto boliviano. El trabajo recoge testimonios víctimas y testigos de la violencia de quienes derrocaron a Evo Morales.

La Delegación Argentina de Solidaridad con el Pueblo de Bolivia presentó las conclusiones preliminares del informe sobre la situación de los derechos humanos tras el golpe de estado que se instauró en Bolivia tras la renuncia forzada del presidente Evo Morales. Según lo que pudo constatar esta comisión -formada por referentes de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos- hubo casos de torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas.

Entre los enumerados por la Delegación, los casos más graves de violación a los derechos humanos se perpetraron en la masacre de Sacaba, en Cochabamba, donde murieron seis personas. Según el informe, allí hubo también “centenares de heridos y detenciones arbitrarias tras el accionar de las Fuerzas Armadas”. También en la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto, en donde hubo nueve muertos, “personas desaparecidas, centenares de heridos y detenciones arbitrarias”.

Con respecto a la denuncia por desapariciones forzadas, el informe de la Delegación sostiene que existen numerosos casos de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales “pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero”.

“Esta delegación logró constatar situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad”, sostiene el informe. Las conclusiones fueron documentadas a través de testimonios ya sea con víctimas o testigos.

Los integrantes de la Delegación fueron atacados cuando llegaron al aeropuerto de Santa Cruz, en Bolivia, por simpatizantes del gobierno de facto. También fueron demorados por la Policía y luego amenazados por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien dijo que había “extranjeros que están llegando al país a tratar de incendiar el país”. A los integrantes de Delegación les advirtió que “anden con cuidado” porque “los estamos mirando, los estamos siguiendo”.

El texto completo del informe

Por medio de la presente, los integrantes de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia ofrecen a la opinión pública internacional las conclusiones preliminares de nuestra misión de observación sobre la situación de derechos humanos, sociales, políticos y culturales que atraviesa el pueblo boliviano.

Es dable destacar que la delegación estuvo compuesta por un equipo multidisciplinario de destacados profesionales y dirigentes de movimientos sociales que realizaron visitas, entrevistas y reuniones con víctimas de violaciones a los derechos humanos, perseguidos políticos y otros actores relevantes para la cabal comprensión de la crítica situación que se vive en el Estado Plurinacional de Bolivia.

En concreto, se tomaron testimonios de un centenar de personas en una locación segura de la localidad de El Alto, se visitaron domicilios particulares de otras víctimas, se visitaron personas hospitalizadas y se realizaron reuniones en distintos puntos de La Paz con actores de la política y los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas. La Delegación no pudo realizar la totalidad de las actividades programadas por las amenazas explícitas del Ministro de Gobierno (de facto) Arturo Murillo y el accionar de grupos de choque civiles.

Tras realizar un análisis preliminar de la información recabada, esta delegación afirma que:

1. Marco político y social: golpe de estado y gobierno de facto

1. El Estado Plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de estado pergeñado por grupos denominados cívicos, sectores empresarios, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de derrocar al Presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto. Dicho golpe tuvo el apoyo explícito de gobiernos extranjeros como el de Donald Trump quien felicitó a las Fuerzas Armadas del país por su accionar disruptivo del orden constitucional. Tenemos, asimismo, testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores clave del golpe, particular con Fernando Camacho.

2. Los actores promotores del golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situación de terror en la sociedad y desestabilización del gobierno constitucional con mandato hasta el 22 de enero. Las agresiones físicas y psicológicas tuvieron por objetivo quebrar el frente político-social gobernante para consumar primero y consolidar después el golpe de estado. Este proceso se profundizó tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y se detonó completamente a partir de un “comunicado preliminar” de la OEA. Dicho comunicado radicalizó las posiciones golpistas, amplificando la confrontación en un momento de alta convulsión social. El mencionado comunicado no estaba previsto en el Acuerdo suscripto entre la OEA y el Estado Plurinacional. Este hecho sumado a las irresponsables declaraciones del Señor Luis Almagro nos lleva a concluir que existió una clara intencionalidad política, ajena al espíritu de la auditoría electoral. Es dable destacar, al día de la fecha no se ha publicado el informe final sobre la auditoría.

3. Esta Delegación corroboró que existió un accionar coordinado dirigido particularmente contra la dirigencia de los movimientos sociales agrupados en el llamado Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana. Contamos con amplia documentación sobre múltiples coacciones sobre dirigentes y familiares para que adoptaran posiciones contrarias a su voluntad por temor a perder su vida y libertad. Como resultado de esta estrategia de amedrentamiento, los actores del golpe lograron parcialmente su objetivo de dividir la resistencia social frente al proceso golpista, primero, y el gobierno de facto, después.

4. La renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y otros funcionarios y gobernadores de distintos niveles de gobierno, fueron consecuencia directa de la presión ejercida por el alto mando de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las múltiples amenazas contra los gobernantes, las humillaciones públicas, las agresiones físicas y los ataques a viviendas de familiares fueron factores coadyuvantes. Las sedes de los medios de comunicación públicos y comunitarios fueron tomados por grupos golpistas.

Con todo, es dable destacar que en ningún caso se cumplieron los procedimientos legales para dar a dichas renuncias por válidas, lo que las convierte en actos jurídicos inexistentes.

5. Pese a ello, el Gobierno de facto realizó una maniobra sin el más mínimo viso de legalidad para intentar legitimar nuevas autoridades. De este modo, la ciudadana boliviana Janine Áñez se autoproclamó presidente del Senado, primero, y presidente del Estado Plurinacional, después, en sesiones parlamentarias que no cumplieron los requisitos formales ni sustanciales para tal propósito. El acto de colocación de la banda presidencial por parte del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, es elocuente al respecto.