La empresa se había declarado en “Estrés Financiero” y fue el
máximo aportante privado de la campaña de Juntos por el Cambio.
Las nuevas autoridades del Banco Nación, presidido por
Eduardo Hecker, abrieron un sumario para investigar el préstamo de 18.700
millones de pesos que la gestión de Javier González Fraga brindó a la cerealera
Vicentín, que se declaró en "estrés financiero" a principios de
diciembre. El vocero del Banco Nación, Sergio Resumil, advirtió que en el
préstamo otorgado por la administración macrista "hubo controles que no
fueron activados".
Resumil explicó que tras la renovación de autoridades
"se advirtió la existencia de este crédito llamativo por los volúmenes y porque
no se habían cumplido las mejores prácticas en su otorgamiento". El
"estrés financiero" declarado por la empresa santafecina significa
una pesada herencia para las nuevas autoridades del organismo, ya que la deuda
con el banco estatal representa el 78 % de la deuda total financiera de la
firma cerealera.
"¿Por qué se vulneraron las reglas de control que rigen
el otorgamiento de este tipo de créditos?", se preguntan las nuevas
autoridades del banco, que cambiaron la calificación de la deuda de la
compañía, de "categoría 1" a "categoría 4", que significa
una alta probabilidad de morosidad.
El vocero del organismo señaló que la recategorización coloca
a la empresa en una situación previa a la quiebra o la convocatoria de
acreedores, por lo cual se habilitó un canal de negociación para avanzar en la
cancelación de la deuda. "Hasta hoy, la empresa no presentó al banco
ninguna propuesta de pago", advirtió Resumil.
El mismo vocero señaló que "en 2018 Vicentín facturó
118.000 millones, es decir que la deuda representaba el 15% de esa facturación".
"Para el banco no es grato que una empresa quiebre, pero estamos obligados
a proteger nuestros activos, porque tenemos ocho millones de clientes",
subrayó Resumil.
Mientras tanto, esta semana Vicentín inició negociaciones con
el resto de los acreedores, entre ellos el Centro de Corredores de Cereales de
Rosario y Santa Fe y la Sociedad Gremial de Acopiadores de la misma provincia,
que representan el 22% restante de la deuda.
Ante esos acreedores, la firma cerealera se comprometió a no
inciar el concurso preventivo de crisis, poner en marcha sus plantas y
presentar una oferta de pago de una parte de la deuda.
"No podemos tolerar que los recursos que depositan los
argentinos sean objeto de este tipo de maniobras. Lo ideal sería que la empresa
no vaya a la quiebra, pero queremos recuperar el dinero. Por eso si no hay
oferta de pago, se tomarán otras acciones", manifestó Resumil.
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