Premisa básica: los trabajadores y
jubilados de ingresos más bajos y los titulares de asignaciones sociales
cobrarán un plus que los rescate del fogonazo inflacionario que dejó Mauricio
Macri.
Los pagos extraordinarios que prepara el
Gobierno para jubilados, titulares de asignaciones y trabajadores públicos y
privados. Los límites fiscales y la reorientación de partidas que estaban
previstas para el pago de la deuda.
La ley de solidaridad y reactivación
productiva que el lunes el Gobierno presentará en el Congreso tiene una premisa
básica: los trabajadores y jubilados de ingresos más bajos y los titulares de
asignaciones sociales cobrarán un plus que los rescate del fogonazo
inflacionario que dejó Mauricio Macri. Habrá sumas fijas para quienes ganan el
salario mínimo, para los empleados públicos de escalas menores y refuerzos
previsionales y en la seguridad social. Será una primera inyección de recursos
para responder a la urgencia, como inicio de un proceso de recuperación de la
economía en base a la demanda, con una distribución progresiva del ingreso. Es
decir, apuntando primero a quienes menos tienen. El modesto objetivo de
arranque es detener el pavoroso incremento de la pobreza y la indigencia, que
en el último trimestre del año se aceleró todavía más, cuando el mejor equipo
en cinco décadas encadenó subas de la inflación del 3,3, 4,3 y este mes
llegaría al 5 por ciento. Si no se hiciera nada, la pobreza superaría el 42 por
ciento y la indigencia, el 10.
EL PAÍS EN QUIEBRA
El gobierno de Cambiemos entregó el país en
default declarado sobre una porción de la deuda pública, en default virtual
sobre el resto de los pasivos del Estado, con una caída del PIB en torno al 3
por ciento, con destrucción de empresas record, la tasa de interés del Banco
Central en 63 por ciento, un cepo cambiario de 200 dólares por mes, para dar un
pantallazo rápido de un horror que se acrecienta a medida que se entra en
detalles. La distancia entre esa realidad estadística y lo que reflejaron los
medios dominantes habla también de un problema crucial de la democracia
argentina.
Lo cierto es que el país está en quiebra.
La situación fiscal no es holgada sino híper ajustada, al punto que la
inversión pública en vivienda cayó este año por arriba del 70 por ciento en
términos reales y para el próximo se preveía otra baja del 10, según el proyecto
de Presupuesto del gobierno anterior. Suponer que eso es equilibrio fiscal, las
bases para el crecimiento, los cimientos de un país mejor, como publicitaban
Macri y sus funcionarios, habla de manera cabal de su concepción de la
Argentina. Sin Fútbol para Todos ni viviendas para nadie.
El panorama fiscal se agrava cuando se
contabilizan los pagos proyectados para la deuda pública, equivalentes a 1,2
billones de pesos en 2020, el 19,3 por ciento del total del gasto público. En
la cuenta completa de los números del Estado, el ex ministro de Hacienda,
Hernán Lacunza, reconocía para el año que viene un déficit financiero de 2,3
puntos del PIB. Como Cambiemos agotó todas las cajas y a todos los
prestamistas, no había forma de financiar ese desequilibrio y por eso el país
debe reestructurar su deuda.
LOS MÁS NECESITADOS PRIMERO
Con tantas urgencias de caja, el gobierno
de Alberto Fernández argumenta que lo que puede hacer en un principio es
atender a los más necesitados, que son nada menos que 4 millones de titulares
de la Asignación Universal por Hijo, 4 millones de jubilados y 1,5 millón de
otros pensionados y beneficiarios de programas sociales, a quienes se suman los
empleados de la administración pública nacional que también cobrarán una suma
fija, seguramente antes de fin de año. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni,
negocia con cámaras empresarias y sindicatos el plus para los trabajadores
registrados del sector privado, que en principio sería para un número acotado,
ya que quedaría para quienes perciben el salario mínimo.
En el caso de los jubilados, se analiza
establecer una curva para que el aporte del Estado no sea sólo para quienes
cobran el haber mínimo, sino que alcance de manera descendente a quienes se
encuentran algún escalón más arriba de ese ingreso. Además, se trabaja en un
programa para disminuir la tasa de interés de los créditos Argenta de manera
sustancial, a fin de empezar a desendeudar a los jubilados y titulares de la
AUH. En este caso, son el 30 por ciento de los jubilados -2,1 millones de
personas- y un impactante 95 por ciento de quienes perciben la AUH -3,7
millones-, según los datos de la Anses que dejó la administración anterior. A
ese paquete que integrará la ley de solidaridad y reactivación productiva se
agrega la reorientación de partidas para aplicar plenamente la emergencia
alimentaria, aprobada por el Congreso a mediados de septiembre.
LA NUEVA LEY
La nueva ley incluye la declaración de la
emergencia económica, social y sanitaria y delega facultades extraordinarias al
Poder Ejecutivo para su instrumentación. Esos poderes especiales son los que
rechaza conceder la oposición, en particular si incluye un capítulo impositivo.
Las atribuciones alcanzan la cuestión tarifaria de servicios públicos
privatizados. En el ámbito legislativo se especula con un eventual diseño de
incentivos al ingreso de fondos declarados en el blanqueo que se destinen a la
inversión productiva, pero habrá que conocer el proyecto definitivo para
confirmar si aparece esa iniciativa, llamada a generar polémica. La posibilidad
de establecer sobre esos capitales un impuesto extraordinario podría encontrar
objeciones legales, admiten las mismas fuentes, aunque otros sostienen que la
declaración de emergencia salvaría justamente esa restricción.
a emergencia, por otra parte, pondría al
Estado a resguardo de reclamos en el área previsional, dado que habrá pagos
diferenciados en beneficio de los jubilados de menores ingresos, relegando a
los demás. El proyecto de ley lo aclararía de manera explícita, para que no se
repita lo que sucedió con los aumentos del mismo tipo que otorgó en su momento
el gobierno de Néstor Kirchner, quien también padeció la herencia de enormes
restricciones presupuestarias. Esos ajustes a los de la mínima después
motivaron el fallo Badaro de la Corte Suprema, que obligó al Estado a compensar
a quienes habían quedado al margen de la medida y desencadenó una andanada de
juicios de millones de jubilados.
CAMBIO DE PRIORIDADES
Por otra parte, la emergencia podría
retrotraer las bajas de contribuciones de las empresas a la seguridad social
que empezó a aplicar el gobierno de Cambiemos con aprobación del Congreso,
cuando dominaba el escenario político. La disminución de contribuciones
desfinanció al sector público sin generar más trabajo, como se prometía, sino
que por el contrario la desocupación no hizo más que crecer.
La cantidad de acciones a encarar para dar
inicio a una recuperación de la economía deja expuesta al mismo tiempo la
negligente pasividad del gobierno de Macri, que miraba para otro lado mientras
se producía la debacle y ataba su suerte al acuerdo con el FMI. El cambio en
las prioridades y la vocación que exhibe la nueva administración de Fernández
por dar respuesta a la crisis despierta expectativas favorables en la mayoría
de los actores económicos y sociales. Para salir de la emergencia, lo primero
que se necesitaba era cambiar de diagnóstico. Eso incluye, en una segunda
etapa, la liberalización de fondos que estaban destinados al pago de deuda
–aquellos 1,2 billones de pesos- y su reorientación a un proyecto de
crecimiento productivo con inclusión social. Mientras más a fondo pueda avanzar
el Gobierno en mejorar la distribución del ingreso, más solidaridad y
reactivación productiva podrá alcanzar.
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