El organismo envió a las autoridades argentinas un análisis jurídico en el que analiza los “riesgos” que implican las medidas que ya se implementan y las que propone para la regulación de la protesta.
En un exhaustivo análisis, tres relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas alertaron sobre los “riesgos” que implican el protocolo antipiquetes y las modificaciones propuestas en la ley ómnibus, que establecen una fuerte restricción a la protesta y el cobro de los operativos a las organizaciones que se movilicen, entre otros puntos. En sus observaciones hicieron un repaso sobre la normativa internacional en materia de derechos humanos que tiene orden constitucional en Argentina que, por lo tanto, debe cumplirse y alertaron sobre la "criminalización" y el "amedrentamiento" de las iniciativas del Ejecutivo comandado por Javier Milei. Entre sus conclusiones más relevantes se destacan: que no se debe exigir autorización para movilizarse y que la interrupción del tránsito “no constituye violencia”, al tiempo que quienes se movilicen deben “gozar de protección”. En la síntesis del documento, insistieron en reiteradas ocasiones que “los Estados no deberían exigir una autorización para permitir que se realice una reunión”, así como destacaron que pese a que es “importante” que haya una notificación si la marcha no es espontanea, la respuesta por parte del Estado debe ser facilitar y proteger a las y los participantes. “Las reuniones espontáneas también deberían gozar de la misma protección”, sentenciaron y remarcaron que las reuniones “no deben suponerse a priori como de carácter violento". Sobre ello, ahondaron: "En tal sentido, no se puede prohibir simplemente porque exista un potencial peligro de que ocurran o pueda ocurrir desórdenes”, señalaron. En ese sentido, aclararon que “para que esa prohibición sea necesaria, tienen que existir indicios suficientemente claros de que van a ocurrir hechos de violencia generalizada”. “De acuerdo con el derecho internacional, las reuniones constituyen un uso legítimo del espacio público y una prohibición general no puede ser aceptada. Al contrario, el estado debería encontrar la forma para facilitar las reuniones pacíficas y para promover el derecho a reunirse pacíficamente como forma de expresión democrática”, explicaron. Voule, Khan y Lawlor se pusieron a disposición del Gobierno y lo “instaron” a adoptar “todas las medidas necesarias” para revisar las resoluciones como las propuestas hechas en la ley ómnibus, que llegará al recinto la próxima semana. La idea, manifestaron, es que las propuestas del Ejecutivo sean “compatible con las normas internacionales de derechos humanos y no imponga restricciones indebidas al derecho a la libertad reunión pacífica, a la luz de las disposiciones pertinentes de las normas internacionales de derechos humanos”. Pidieron, además, que la revisión se lleve a cabo en “coordinación y cooperación” con organizaciones de derechos humanos y mecanismos internacionales.
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